Argentina es un gran productor de alimentos, pero los habitantes aborígenes de la provincia del Chaco, al norte del país, mueren de hambre ante la inoperancia del Estado. Sacerdotes de la zona han denunciado la situación por la que atraviesan las diferentes comunidades de indios de la zona.
Trece indígenas han fallecido por desnutrición en los últimos dos meses y un centenar corre riesgo de muerte, afectados por enfermedades endémicas como la tuberculosis y el mal de Chagas, según informó el Centro de Estudios e Investigación Social Nelson Mandela, de Chaco.
“El desastre humanitario se ha instalado en el corazón de las comunidades indígenas y es producto de la extrema pobreza, el flagelo del hambre y las enfermedades”, denunció ante los periodistas Rolando Núñez, titular de esta organización humanitaria.
Los aborígenes de la provincia nororiental argentina del Chaco tienen dificultad para acceder al agua, alimentos y medicinas naturales, y van camino de la extinción.
Los cuerpos de los adultos debilitados por el hambre y por la tuberculosis en el municipio de Villa Río Bermejito son solamente el epílogo de una larga historia de abandono y reivindicaciones, que han permanecido sin ser escuchadas, por parte de los indígenas toba, wichí y mocoví del Chaco, a 700 kilómetros al norte de Buenos Aires.
Símbolo de una injusticia
El escándalo ha salido a la luz de los medios de comunicación internacionales gracias a la intervención de sacerdotes del noroeste del país, escandalizados ante un caso concreto que se ha convertido en símbolo de la injusticia.
La indígena Rosa Molina, de 54 años y apenas 24 kilos de peso, se presentó caminando a duras penas en la catedral de la ciudad de Resistencia para pedir ayuda. Después de auxiliarla, los párrocos convocaron indignados a las cadenas de televisión para denunciar los hechos.
Las imágenes de la aborigen argentina perteneciente a la etnia toba, exhibiendo su raquítico costillar y extremada delgadez general, se colaron en los hogares argentinos a la hora de los telediarios y destapó la cruda realidad.
“No queremos esconder nada sobre el hambre y la pobreza de esta etnia [...] Sabemos perfectamente que por su cultura los indígenas no dejan intervenir al Estado, no usan medicinas y rechazan las curas”, argumentó el gobernador de la provincia, Roy Nikisch.
También el ministro de Salud, Ricardo Mayol, intentó justificar la situación amparándose en una supuesta confabulación política en contra del Gobierno de la región: “Estamos presenciando evidentemente una campaña que no sabría ni catalogar, en la que están apareciendo desnutridos”.
“Exterminio” de aborígenes
Sin embargo, el defensor del pueblo, Eduardo Mondino, demandó el pasado 29 de agosto al Estado y al Gobierno de Chaco por el “exterminio” de aborígenes tobas y reclamó a la Corte Suprema de Justicia una medida cautelar “urgente”.
Por otra parte, Orlando Charole, presidente del Instituto de los Aborígenes del Chaco (Idach), plantea la cuestión desde una perspectiva histórica: “Por siglos, nosotros indígenas hemos sufrido el impacto destructivo en centenares de pueblos arrasados, y sin embargo las comunidades que han permanecido enraizadas en su organización tradicional y sus costumbres, han logrado sobrevivir. Hoy está en juego el territorio. Un pueblo no puede vivir sin territorio”, dijo Charole.
“¿Dónde podemos vivir siguiendo nuestras tradiciones? ¿Dónde cazar, pescar, recoger alimentos? ¿De dónde tomar nuestras tradiciones? ¿Dónde cazar, pescar, recoger alimentos? ¿De dónde tomar nuestras medicinas?”, denunció este hombre de origen toba en representación de más de 60.000 indígenas del Chaco, casi el 6 por ciento de la población provincial de 980.000 habitantes.
Según la Dirección Nacional de Bosques, el Chaco es la tercera de 23 provincias argentinas en porcentaje de tierras deforestadas en los últimos años.
Fuentes del Instituto Nacional de Estadísticas apuntan que en Argentina hay más de 600.000 indígenas descendientes de alrededor de 25 poblaciones. Los indígenas del Chaco habían protestado durante el mes de junio de 2006 con una marcha de 3.000 personas desde Villa Río Bermejito hasta Resistencia, capital provincial distante más de 400 kilómetros.
Frente a la falta de diálogo con las autoridades provinciales, ocuparon la sede del gobierno e iniciaron la huelga de hambre que unos diez indígenas llevaron adelante por 32 días, con consecuencias muy graves para su salud.
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