MIEMBRO DE LA JUVENTUD PERONISTA,ESTUDIO DERECHO EN LA UNIVERSIDAD DE LA PLATA,Y EN 1.975 SE CASO CON LA MILITANTE JUSTICIALISTA CRISTINA FERNANDEZ.
AMBOS FORMARON PARTE DE LA CORRIENTE IZQUIERDISTA QUE APOYO A LOS MONTONEROS EN LOA AÑOS TURBULENTOS QUE PRECEDIERON AL GOLPE DE ESTADO MILITAR QUE DERROCO A LA PRESIDENTA,MARIA ESTELA MARTINEZ DE PERON.
EN 1976 RECIBIO EL TITULO DE ABOGADO,Y REGRESO A RIO GALLEGOS PARA EJERCER LA PROFESION,JUNTO CON SU ESPOSA,EN UN GABINETE JURIDICO.
EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ,EN 1.983 FUE DESIGNADO PRESIDENTE DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL DE RIO GALLEGOS.
DURANTE LOS SIETE AÑOS TENEBROSOS DE DICTADURA MILITAR(1976-1983).
SE MANTUVO ALEJADO DE LA POLITICA,AUNQUE FUE ENCARCELADO EN UNA OCASION QUE NO EXPECIFICA,SU BIOGRAFIA OFICIAL.
Gobernador de Santa Cruz
En
las elecciones municipales de septiembre de 1987, como candidato
peronista, fue elegido intendente (alcalde) de Río Gallegos. Dado el
éxito de su gestión, fue promovido por el Partido Justicialista a
candidato para la gobernación de la provincia, cargo para el que fue
elegido con el 61 % de los votos el 8 de septiembre de 1991
Como gobernador aplicó una
política neokeynesiana expansionista, de fuertes inversiones públicas,
en contraste con la estrategia neoliberal y antiinflacionista del
presidente de la república, el también peronista Carlos Saúl Menem, por
lo que se ganó una reputación de político de centroizquierda dentro del
variopinto conglomerado justicialista.
Reformó en
dos ocasiones la Constitución provincial para que el gobernador pudiera
ser elegido sin límite de mandatos. También aumentó el número de jueces
del Tribunal Supremo provincial y sus protegidos se jactaron de haber
amordazado a la prensa local. Mientras sus partidarios ensalzaban su
eficaz gestión, sus adversarios lo acusaban de haber gobernado la
provincia como un feudo, en el que todas las fuentes de riqueza y
trabajo estaban en manos del gobernador y su clientela (más del 40% de
los trabajadores son empleados públicos).
Cuando
fue elegido gobernador, en 1991, Kirchner recibió 630 millones de
dólares de indemnización del gobierno federal, tras un juicio sobre los
royalties financieros, a los que se añadieron otros 420 millones de
dólares procedentes de las plusvalías generadas por la venta de las
acciones que la provincia poseía en la empresa Yacimientos Petrolíferos
Fiscales (YPF), adquirida por la española Repsol.
Durante
varios años, los legisladores de Santa Cruz reclamaron inútilmente
precisiones sobre el montante exacto de ese patrimonio o botín
provincial. Presionado por la prensa en la campaña electoral, Kirchner
informó el 13 de mayo de que 531 millones de dólares se encontraban
depositados en varias cuentas bancarias de Suiza y Luxemburgo.
Carrera hacia la presidencia
El presidente Eduardo Duhalde se decantó explícitamente por Kirchner
como candidato peronista y logró que el congreso del partido aprobara su
estrategia de suspender la elección primaria y trasladar la liza de
todos los aspirantes a la misma elección presidencial. Una maniobra
destinada a impedir que Menem se alzara con la candidatura, pese al
fallo de un juez federal con competencia electoral que prohibió la
reforma de los estatutos del Partido Justicialista.
En sus proclamas electorales, Kirchner se presentó como adalid del ala
izquierda del peronismo, reformista sin ambages y resuelto adversario
del sistema neoliberal de sus predecesores. También prometió mantener en
el cargo al ministro de Economía, Roberto Lavagna, al que se atribuía
la ligera mejoría económica de los primeros meses de 2003.
En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 27 de abril,
el gobernador de Santa Cruz quedó en segundo lugar, con el 22% de los
votos, detrás del también peronista Carlos Saúl Menem, que logró el 24%.
Tras los de la provincia de Santa Cruz (60%), Kirchner obtuvo sus
mejores resultados en la provincia de Buenos Aires (40 % de la
población), gracias al apoyo decidido del presidente Duhalde y del
poderoso aparato del justicialismo.
Ante unas
encuestas que le eran muy desfavorables, Menem anunció el 14 de mayo su
retirada de la carrera presidencial, lo que decidió la inmediata
proclamación de Kirchner como presidente electo. La teatral capitulación
de Menem, al abortar el proceso electoral, no sólo perjudicó la
legitimidad del nuevo jefe de Estado sino que amenazó las instituciones
democráticas ya duramente afectadas por la violenta revuelta popular,
alentada por los peronistas, que derrocó ilegalmente al gobierno del
radical Fernando de la Rúa en diciembre de 2001.
Antes de tomar posesión, el nuevo presidente visitó Brasilia y Santiago
de Chile, donde obtuvo el respaldo de los presidentes Luiz Inácio,
Lula, da Silva y Ricardo Lagos, respectivamente, para lograr la
recuperación económica continental con una base social de
centroizquierda.
Primeros meses de gestión
En su discurso de investidura, Kirchner reafirmó el papel central del
Estado en el desarrollo económico, prometió una lucha «implacable»
contra la corrupción y abogó por un reforzamiento del Mercado Común del
Sur (Mercosur), que asocia a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
Tratando de afirmar su autoridad y superar la crisis institucional y de
confianza provocada por la retirada de Menem, con sus primeras medidas
como jefe de Estado sorprendió a los argentinos al decretar el retiro de
la mitad de los generales y almirantes, proceder a una amplia purga en
la policía federal, sospechosa de corrupción, y abrir los archivos
secretos sobre el atentado contra la sede de la Asociación Mutual
Israelí Argentina (AMIA) en Buenos Aires, que causó la muerte de 95
personas e hirió a varios centenares en julio de 1994. También anunció
su propósito de jubilar a varios de los jueces del Tribunal Supremo.
Los dos problemas esenciales, sin embargo, eran la renegociación de una
deuda pública de 144.400 millones de dólares y el combate contra una
pobreza que afectaba al 60% de los 37 millones de ciudadanos. Sus
primeras palabras sobre los planes económicos fueron mal recibidas en
los círculos financieros internacionales, pues aseguró que los
acreedores del Estado argentino deberían aceptar una pérdida de su
capital, una reducción de los tipos de interés y una prolongación de
varios decenios en los plazos del reembolso.
El
horizonte político distaba mucho de estar despejado. Si Menem parecía
haber cavado su propia fosa política, Kirchner podría tropezar con las
ambiciones y los intereses del ex presidente Duhalde, su padrino
político, que mantenía intactas sus redes caciquiles en el Gran Buenos
Aires. En respuesta a los que lo presentaban como un mero delegado de su
predecesor en el fracturado partido peronista, aseguró que tenía las
manos libres y que no haría «ningún pacto con el pasado».
Tras asistir a la Cumbre del Mercosur en Asunción, el 18 de junio,
Kirchner realizó una gira en julio por varias capitales europeas. En
Londres asistió a la conferencia cumbre de la Tercera Vía auspiciada por
el primer ministro, Tony Blair, y en Madrid mantuvo una controvertida
reunión con los empresarios españoles, a los que reprochó su
comportamiento tras la privatización de las empresas públicas en la
época de Menem.
Los responsables de las empresas de
los servicios públicos, por su parte, se quejaron de la espectacular
caída de las tarifas, debido al fin de la paridad del peso con el dólar,
y reclamaron un alza del 65%, requisito imprescindible para mantener y
ampliar las inversiones que necesitaba el país para recuperarse de
cuatro años de recesión.
 
Tras la decisión de un
juez federal que ordenó la detención de 46 militares y civiles acusados
de delitos de lesa humanidad en otros países y reclamados por el juez
español Baltasar Garzón, el presidente Kirchner derogó en julio de 2003
un decreto firmado por el presidente De la Rúa en diciembre de 2001 que
prohibía la extradición de los militares nacionales reclamados por otros
países y acusados de crímenes de lesa humanidad. Luego presionó y
consiguió en agosto que las dos Cámaras del Congreso anularan las leyes
de Obediencia Debida y Punto Final (1986 y 1987) y sus secuelas de
impunidad para los autores y cómplices de las atrocidades del régimen
militar.
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